Sáhara.- Abogados españoles denuncian graves irregularidades y torturas en los juicios a presos políticos saharauis

Los presos políticos saharauis juzgados en noviembre y diciembre de 2005 en relación con los incidentes registrados en mayo del año pasado en El Aaiún y otras ciudades de la ex colonia española sufrieron "graves vulneraciones legales" por parte del régimen marroquí, que incluyen las torturas durante la detención, la parcialidad de los jueces, la aplicación del derecho penal marroquí a un territorio declarado por la ONU como "no autónomo" o la violenta actuación de policías y soldados en la sala de los juicios, todo ello agravado por la "pasividad" de la Misión de la ONU (MINURSO), según revela el informe de una misión de observadores del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) presentado hoy en Madrid.

Entre otras irregularidades denunciadas por el informe, destaca la inexistencia de 'delitos in fraganti' o de 'delitos flagrantes' en "ninguno de los acusados". "El único elemento probatorio fueron actas policiales que ni siquiera estaban firmadas por los acusados; en eso se fundamentaron las sentencias, en primera instancia y en apelación", afirmó la coordinadora de la Misión, Inés Miranda, durante la presentación del Informe, que relata pormenorizadamente los juicios celebrados los días 22 y 30 de noviembre y 6 y 13 de diciembre, así como las sentencias y los juicios de apelación.

El informe --que según sus autores apenas refleja cambios respecto al anterior hecho público por el CGAE en noviembre de 2003 sobre una serie de juicios durante 2002 y 2003-- va a ser remitido a los organismos internacionales de Derechos Humanos o relacionados con la Justicia y al Gobierno español (tanto a Presidencia como a los Ministerios de Asuntos Exteriores, Interior y Justicia), entre otras instituciones. Aparte, la Misión intervendrá el próximo mes de junio ante el recién creado Consejo de Derechos Humanos de la ONU para exponer sus conclusiones.

"Todos fueron detenidos con posterioridad a los hechos que se les imputa por la Policía y el procurador del Rey", asegura el informe. "En el caso de los presos Alí Salem Tamek y Moutawakil Mohamed, ni siquieran estaban en el Sáhara" en el momento de los hechos.
Concretamente, Tamek estaba en España y fue detenido en el aeropuerto de El Aaiún "varios meses después" de los hechos que se le imputaban. El fiscal pidió para Tamek --que fue condenado a ocho meses de cárcel, ampliada a diez meses tras la apelación y "sin motivación alguna"-- "una pena ejemplarizante para que todos sepan y aprendan que con el Gobierno marroquí no se juega", según consta en el informe, que recoge los testimonios de los procesados y las intervenciones de juez, fiscal y abogados.

Aparte, los detenidos fueron tratados como "delincuentes comunes", cuando todos ellos eran "defensores de Derechos Humanos, víctimas de persecuciones por hechos pacíficos y por su expresión política", denuncia el texto. "Nos sorprendió el alto nivel que pudimos oír en la sala del juicio", comentó Inés Miranda.


TORTURAS

Según el informe, los detenidos habían sido torturados, en unos casos para obtener declaraciones, en otros durante el proceso de detención y en otros en cumplimiento de las amenazas de las fuerzas de seguridad.

Entre las denuncias por torturas, el documento destaca los casos de la activista Aminetu Haidar --candidata al Premio Sajarov de Derechos Humanos del Parlamento Europeo--, Amaidan Elwali --a quien, según querellas presentadas por su padre, los agentes le rompieron un brazo--, Mousaoui Sidahmed, Hmada Hammad, Brahim Noumria o Lidri Hossein, entre otros.

Durante el juicio, el Tribunal y el procurador del Rey (fiscal) se negaron a que constaran en acta las denuncias de torturas presentadas por los acusados, y sólo cambiaron de opinión por la amenaza de los abogados defensores de abandonar la sala, explicó Inés Miranda. Aparte, prosigue el informe, el procurador del Rey y el juez negaron a los procesados el derecho a ser examinados por el médico para ser atendidos de las heridas causadas por las torturas.
Los imputados fueron trasladados tras su detención a lugares secretos, a centros militares y a cárceles secretas, un comportamiento que "vulnera la legislación referente a los centros de detención", advierte el informe del CGAE. Asimismo, los observadores constataron "un gran despliegue militar y de policías" dentro de la sala, donde pudieron constatar cómo se reprimía y golpeaba a los acusados.
Aparte, la sala del juicio "conservaba un modelo de ajusticiamiento medieval". Según el informe, los estrados de los jueces, procurador del Rey y secretario estaban situados "dos metros por encima del precario espacio destinado a los letrados de la defensa". Asimismo, la actuación de los jueces y los magistrados "impresionó por su parcialidad" y la del procurador del Rey por su "postura inquisitorial contra los acusados".
"PASIVIDAD" DE LA MINURSO
El informe asegura que durante el proceso "se ha vulnerado la legalidad internacional", puesto que Sáhara Occidental "es un territorio no autónomo, con una descolonización inconclusa, y ningún país tiene atribuida la categoría de potencia administradora". "Marruecos está definida por la propia ONU como potencia ocupante", señaló Miranda.
Pese a ello, el informe lamenta la actuación de la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO). Los 'cascos azules "nunca estuvieron presente en los juicios" y acataban sin problemas las órdenes de la Policía cuando le prohibían acceder a la zona del tribunal, todo ello a pesar de que los acusados se encuentran incluidos en el censo de votantes elaborado por la propia Misión, afirmó Inés Miranda.
Asimismo, observaban "pasivamente" las agresiones de la Policía marroquí contra la población saharaui que se concentraba a la entrada del tribunal, denuncia el texto.